A 50 años del golpe, un testimonio que divide: La nieta 127 reivindicó a quienes la criaron
En el marco de las conmemoraciones por el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, un spot oficial del Gobierno Nacional reavivó una de las discusiones más sensibles de la historia reciente: identidad, memoria y vínculos afectivos. La protagonista es Miriam Fernández, reconocida judicialmente como la nieta restituida 127, hija de una pareja desaparecida durante la última dictadura.
Su aparición en la pieza audiovisual titulada “Memoria Completa” generó un fuerte impacto no solo por su historia, sino por su postura. Lejos de alinearse con el relato histórico predominante en torno a los casos de apropiación, Fernández defendió públicamente a quienes la criaron, incluso después de que la Justicia los condenara por delitos de lesa humanidad.
“Les guste o no, siempre serán mis padres”, afirmó con contundencia.
Una historia atravesada por el terrorismo de Estado
Miriam es hija de María del Carmen Moyano y del sanjuanino Carlos Simón Poblete, ambos militantes vinculados a Montoneros. La pareja fue secuestrada en 1977 en Córdoba y llevada al centro clandestino La Perla, uno de los principales engranajes del aparato represivo.
Según reconstrucciones judiciales, Poblete habría sido asesinado allí, mientras que Moyano fue trasladada a la ESMA, donde dio a luz en condiciones extremas. Testimonios de sobrevivientes describen un parto forzado, con la mujer engrillada y sin asistencia médica adecuada, en manos del represor Jorge Luis Magnacco.
Pocos días después de nacer, la beba fue separada de su madre y trasladada a Mendoza, donde quedó bajo la custodia de una familia vinculada a las fuerzas de seguridad.
Los apropiadores y el peso de las condenas
El hombre que la crió, Armando Osvaldo Fernández, no fue un actor periférico en aquellos años. Integraba el aparato de inteligencia del D2 de la Policía de Mendoza y fue condenado a tres prisiones perpetuas por delitos de lesa humanidad, además de una pena específica por la apropiación de Miriam.
Su esposa, Iris Yolanda Luffi, también recibió condena judicial antes de fallecer en 2023.
Sin embargo, la mirada de Fernández sobre su historia personal se distancia de esas sentencias. En el spot oficial, planteó que su crianza estuvo basada en el afecto y no en un acto delictivo. “No te pueden obligar después de 40 años a decir que son tus apropiadores”, sostuvo, en una frase que sintetiza su posición.
Identidad, rechazo y una reconstrucción incompleta
La restitución de su identidad en 2017 no fue un proceso sencillo ni voluntario. Frente a la orden judicial de someterse a un análisis de ADN, Miriam decidió huir a Chile, en un intento de evitar lo que consideraba una imposición.
Finalmente, la prueba confirmó su identidad con un 99,99% de certeza, pero el resultado no modificó sustancialmente sus vínculos personales. Su relación con la familia biológica se mantuvo distante, particularmente con el entorno paterno en San Juan, al que cuestionó por su aparición tardía.
Incluso, en una decisión simbólica y legal, optó por conservar el apellido de quienes la criaron, reafirmando su pertenencia a esa historia.
Un debate abierto en la sociedad
El testimonio de Miriam Fernández volvió a poner en el centro una discusión compleja: la tensión entre la verdad judicial, el derecho a la identidad y las vivencias personales construidas a lo largo de décadas.
Mientras organismos de derechos humanos sostienen la necesidad de preservar la memoria y condenar sin matices los crímenes de la dictadura, su voz introduce un elemento incómodo que interpela desde lo íntimo.
A medio siglo del golpe, el pasado sigue generando no solo memoria, sino también nuevas controversias. Y esta vez, el eje no está solo en lo que ocurrió, sino en cómo se vive —y se interpreta— esa historia en el presente.
