Arancibia denunció presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum y pidió investigar al primo de Sergio Uñac
El abogado y expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Arancibia, presentó una denuncia penal en la que exige una investigación profunda sobre el manejo administrativo y económico de la obra Acueducto Gran Tulum, una de las más costosas y cuestionadas de los últimos años en San Juan. La presentación apunta directamente al rol del contratista Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, y a posibles delitos cometidos por exfuncionarios de las gestiones 2015/19 y 2019/23.
Un plazo que se agota
Arancibia advirtió que el 10 de diciembre se cumplen los dos años que el Código Penal establece para avanzar con imputaciones por presunto enriquecimiento ilícito contra exfuncionarios. Por eso, reclamó que el Ministerio Público Fiscal actúe “antes de que prescriba la posibilidad de analizar el crecimiento patrimonial” de quienes estuvieron involucrados.
El abogado también mencionó los dichos recientes del ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, quien aseguró que “la obra no estaría, pero los pagos sí” en relación al crédito de u$s 100 millones tomado con el Estado de Kuwait. Para Arancibia, esa afirmación obliga a revisar todo el proceso.
Caños, vínculos familiares y presunto direccionamiento
Uno de los ejes más sensibles de la denuncia es la presunta relación entre Monti y la empresa Krah América Latina S.A., proveedora de los caños del acueducto. Según Arancibia, si se confirma ese lazo, podría configurarse una maniobra de negociación incompatible con la función pública.
La denuncia también menciona testimonios de empresas competidoras que aseguran que los pliegos habrían sido diseñados para favorecer a esa compañía: criterios técnicos restrictivos, requisitos que cerraban la competencia y decisiones administrativas que, según el abogado, podrían derivar en delitos como abuso de autoridad, fraude al Estado y violación de deberes de funcionario público.
A esto se suman advertencias técnicas previas sobre los caños utilizados: materiales costosos, menor respaldo técnico, deficiencias estructurales y estándares de calidad cuestionados. Para Arancibia, si esos informes fueron ignorados, los funcionarios que intervinieron habrían incurrido en una “grave violación” de sus deberes.
Sobreprecios, pagos y una obra inconclusa
La denuncia también apunta a diferencias importantes entre el precio adjudicado y las ofertas de otras empresas. Arancibia pidió que se investigue si hubo sobreprecios, pagos anticipados o beneficios económicos indebidos.
El ministro Gutiérrez ya había confirmado que la provincia comenzó a pagar el crédito internacional pese a que la obra no está terminada, lo que para el denunciante refuerza la sospecha de administración fraudulenta y falta de controles.
Qué delitos plantea investigar
Arancibia propone un abanico de posibles figuras penales:
Negociaciones incompatibles
Malversación de caudales públicos
Abuso de autoridad
Aprobación de materiales deficientes
Defraudación al Estado
Dádivas
Asociación ilícita
El abogado sostiene que existen precedentes jurisprudenciales que permiten imputar a funcionarios cuando direccionan contrataciones, desatienden informes o generan sobreprecios mediante procesos administrativos irregulares.
Lo que pidió la Fiscalía
En su presentación, Arancibia requirió que el Ministerio Público:
Recopile toda la documentación administrativa del proyecto: pliegos, informes técnicos, ofertas, certificaciones, auditorías y pagos.
Solicite antecedentes al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura.
Cite a declarar a funcionarios y empresarios mencionados, entre ellos el ministro Gutiérrez.
Ordene pericias técnicas, contables y económicas sobre la calidad de los caños y los movimientos financieros.
Invite al Fiscal de Estado a intervenir para resguardar el patrimonio provincial.
La denuncia ahora queda en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá evaluar si impulsa una investigación formal sobre uno de los proyectos de infraestructura más controvertidos de los últimos años.
