Cómo funciona el cierre de gobierno de EEUU que Javier Milei quiere aplicar en Argentina
En el país de norteamérica, esta medida se aplica cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de gasto necesarias antes del comienzo del año fiscal. Ahora, con la motosierra en la mano, el líder libertario busca limitar el gasto de dependencias que agosten su presupuesto.
En un nuevo guiño a la cultura y la política de Estados Unidos, el presidente Javier Milei aseguró que en Casa Rosada trabajan «en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo«, es decir, el cierre del Gobierno ante problemas presupuestarios: “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, precisó.
La medida surge por imitación de lo que sucede en EEUU cuando el Congreso no logra ponerse de acuerdo sobre las partidas presupuestarias del próximo año fiscal. En 2025, la gestión de Donald Trump afrontó un cierre administrativo de 43 días que afectó a los llamados servicios no esenciales, mientras que aproximadamente 900.000 empleados fueron enviados a casa sin goce de sueldo y otros 700.000 permanecieron en funciones consideradas críticas, sin recibir salario de inmediato.
«Shutdown»: cómo funcionaría el mecanismo en Argentina
Aunque el mecanismo todavía no fue reglamentado, Milei adelantó el criterio general del mecanismo: si un organismo consume todos los recursos disponibles, ya no podrá seguir gastando. La iniciativa se analiza en paralelo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos con los que el Ejecutivo pretende prohibir de manera definitiva el financiamiento monetario del Tesoro.
En EEUU, el cierre parcial de la administración suele producirse cuando el Congreso no aprueba una ley de presupuesto. Por el contrario, la versión argentina tendría un disparador el agotamiento efectivo de las partidas presupuestarias. Es decir, una vez consumidos los fondos asignados, el organismo no podría asumir nuevos compromisos de gasto.
Lo cierto es que el «shutdown» nunca alcanza la totalidad de las áreas del Estado. Uno de los principales a definir por Casa Rosada será, justamente, delimitar qué erogaciones quedarían alcanzadas por la medida y cuáles estarían exceptuadas. Entre los distintos rubros aparecen obras públicas, contrataciones administrativas, campañas oficiales, programas sociales, salarios y transferencias a las provincias.
También resta establecer el alcance del mecanismo, si el límite se aplicará por ministerio, jurisdicción, programa o partida presupuestaria específica.
La relación con los gobernadores aparece como otro tema de conflicto a la hora de pensar el proyecto. Buena parte de los giros a las provincias dependen del presupuesto nacional y podrían verse afectadas si una partida se agota. Ese escenario podría abrir una nueva instancia de negociación entre la Casa Rosada y los caciques provinciales, especialmente si el Ejecutivo decide aplicar el mecanismo sin instrumentos de compensación.
A su vez, el eventual «shutdown argentino» podría derivar en una disputa judicial. Si el Estado interrumpe programas, pagos o prestaciones por falta de crédito presupuestario, podrían multiplicarse las presentaciones ante la Justicia. Por ese motivo, el Gobierno deberá diseñar un marco legal lo suficientemente sólido para evitar que la medida quede frenada apenas entre en vigencia.
Por último, otro punto sensible aún sin resolver es definir quién tendrá la facultad de activar el cierre. Entre las alternativas que se analizan figuran:
- Que el control quede a cargo del área presupuestaria del Poder Ejecutivo, con participación de organismos de control.
- Que la restricción quede incorporada directamente a los sistemas de administración financiera, impidiendo automáticamente comprometer nuevos gastos cuando ya no exista crédito presupuestario disponible.
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