Diez años firmes para el cura Bustos: Ahora la Corte Suprema tiene la última palabra
La Corte de Justicia de San Juan confirmó en las últimas horas la condena a 10 años de prisión impuesta al sacerdote Walter Bustos, declarado culpable por delitos de abuso sexual agravado. Tras ese fallo, la defensa presentó un recurso extraordinario para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El abogado defensor del sacerdote, Joaquín Moine, confirmó que el recurso fue interpuesto este miércoles 4 de febrero, luego de que el máximo tribunal provincial rechazara la impugnación contra la condena dictada en instancias anteriores.
Según fuentes judiciales, la Corte sanjuanina desestimó los planteos de la defensa y dejó firme la pena, lo que habilitó la vía extraordinaria ante el máximo tribunal del país. En su presentación, Moine sostiene que la revocación de la absolución inicial y la posterior condena vulneran garantías de jerarquía constitucional.
Entre los argumentos expuestos, la defensa menciona la presunta afectación a la presunción de inocencia, el derecho al recurso del imputado, el principio del doble conforme, la prohibición de la reformatio in peius y el principio ne bis in idem. Además, cuestiona la valoración de la prueba, la falta de fundamentación suficiente y una aplicación extensiva de la ley penal en la configuración de los agravantes y la calificación legal de los hechos.
Como pretensión principal, el recurso solicita que la Corte Suprema deje sin efecto la sentencia condenatoria confirmada por la Justicia sanjuanina y restablezca el fallo absolutorio dictado en el juicio oral, al considerar que es el único compatible con el bloque de constitucionalidad federal.
De la absolución a la condena
La causa judicial contra Bustos atravesó distintas instancias y resoluciones. En abril de 2024, el tribunal de juicio lo absolvió por el beneficio de la duda mediante un fallo dividido. Sin embargo, tras un recurso del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal de Impugnación revocó esa decisión y, en octubre de 2024, dictó una condena a 10 años de prisión efectiva.
Posteriormente, en abril de 2025, un nuevo tribunal de impugnación confirmó la pena tras la revisión horizontal, dejando firme la condena que ahora quedó ratificada por la Corte de Justicia de San Juan y que será analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
