Duras condenas por los alquileres ilegales en La Granja
La investigación por las irregularidades en el CEF Nº20 llegó a un punto decisivo, cuando dos ex directivos aceptaron su responsabilidad en una serie de maniobras que incluyeron alquileres clandestinos de distintas instalaciones del predio conocido como La Granja. Con un acuerdo de juicio abreviado, ambos quedaron condenados y recibieron la sanción institucional más severa prevista en el Código Penal: la inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos.
Los condenados son Mario César Sanz, quien presidió la cooperadora del CEF, y Daniel Domingo Samat, que ocupaba la dirección de la institución al momento de la maniobra. Cada uno recibió penas de prisión en suspenso, luego de admitir que utilizaron bienes estatales para generar ingresos que nunca fueron declarados ni ingresados a la contabilidad oficial.
Un sistema paralelo que funcionó durante años
De acuerdo al expediente, entre 2019 y 2021 se instaló un circuito interno mediante el cual se cobraba por el uso de canchas, piscina, gimnasio, estacionamiento e iluminación del predio. Todo se hacía sin autorización, sin registros administrativos y sin rendir un solo peso. Los pagos se manejaban con cuadernos, planillas y recibos informales que daban apariencia de legalidad.
Los archivos secuestrados revelaron una cantidad impactante de alquileres concretados: más de cinco mil planillas y cientos de recibos apócrifos. Testimonios de profesores, porteros, personal administrativo y referentes deportivos terminaron de confirmar que existía una estructura organizada y sostenida en el tiempo.
Samat fue responsabilizado como coautor de peculado y administración fraudulenta, mientras que Sanz quedó imputado como partícipe necesario. Ambos reconocieron los cargos y renunciaron al juicio oral, lo que permitió cerrar una causa que se prolongó más de tres años y que atravesó recusaciones, apelaciones e intentos fallidos de probation.
Rechazo a la probation y giro judicial
En 2024, los imputados habían intentado acceder a una suspensión del juicio a prueba ofreciendo dinero y trabajos comunitarios. Sin embargo, la fiscalía y los organismos estatales se opusieron, lo que generó una cadena de planteos que llegó incluso a la Corte de Justicia. Finalmente, la Justicia determinó que no correspondía ese beneficio, dejando despejado el camino hacia el juicio abreviado que se concretó esta semana.
Ambos quedarán bajo supervisión del Patronato, pero seguirán en libertad, aunque sin posibilidad de volver a ocupar cargos públicos o de dirigir instituciones deportivas o sociales.
El caso de Jofré, camino a una definición
El tercer acusado, el ex vicedirector Miguel Jofré, continúa en otra vía procesal. No aceptó el acuerdo, insiste en su pedido de sobreseimiento y su defensa solicitó una Junta Médica para evaluar si está en condiciones de afrontar un debate oral, tras alegar dificultades de salud mental. La pericia será clave para determinar si avanza hacia un juicio o si su situación toma otro rumbo.
La causa, revelada en 2022, expuso una red de corrupción dentro de una institución que debía brindar actividades deportivas gratuitas. Con esta sentencia, la Justicia dio por probado que durante años existió un sistema clandestino de recaudación a espaldas del Estado y de los usuarios que confiaban en la institución.
