“Esto es una acción política del gobernador Quintela”: Proveedores mineros denuncian un fuerte impacto económico en La Rioja

La restricción al tránsito hacia el proyecto minero José María generó un fuerte rechazo entre los proveedores de servicios de Guandacol, en La Rioja, quienes advierten por un impacto económico inmediato y profundo en toda la comunidad. Elvira Zárate, propietaria del Hostal San Bernardo y prestadora histórica del sector, describió un escenario crítico tras la medida: “Se nos cortó todo el flujo de trabajo. Hoy no tenemos clientes, se paró todo”, aseguró.

Zárate explicó que la localidad tiene una fuerte identidad minera y más de 20 años de experiencia acompañando proyectos, desde etapas de exploración hasta operación, como ocurrió con iniciativas anteriores como Mina Huarcamayo. En ese esquema, detalló que el entramado económico local se consolidó en torno a la actividad: hospedaje, viandas, logística y provisión de insumos. “Nos preparamos, invertimos, hicimos concursos de precios, capacitaciones… y hoy nos dejan sin nada”, sostuvo.

El impacto, según remarcó, excede a los prestadores directos y golpea a toda la economía regional. “Somos más de 400 personas vinculadas a servicios mineros en una comunidad de 5.000 habitantes. Es un golpe muy duro”, afirmó, al tiempo que explicó que el movimiento económico generado por la actividad incluía compras constantes en comercios locales: alimentos, panificados, carne, verduras y otros insumos básicos.

Uno de los aspectos más cuestionados fue la forma en que se implementó la restricción. “No fuimos notificados ni informados. Nos enteramos por redes sociales y de un día para el otro pusieron una valla con la Policía”, denunció, y agregó que incluso en un primer momento no habría existido una notificación formal completa. En esa línea, insistió: “No tuvieron en cuenta el daño socioeconómico que esto genera”.

La empresaria también describió el desorden operativo que provocó la medida, obligando a las empresas a modificar recorridos y extender los tiempos de traslado. “Lo que antes se hacía en 5 horas ahora lleva entre 10 y 14. Es un caos operativo”, explicó. Incluso relató pérdidas concretas: “Se quedaron con más de 200 viandas sin poder entregar”, debido a la interrupción repentina del paso.

Además, detalló que la empresa minera había organizado su logística contemplando a las comunidades locales, con contratación de mano de obra de la zona y estructuras específicas para la vinculación social. “Nada de esto es improvisado, los proyectos incluyen estudios sociales, ambientales y económicos donde las comunidades somos parte”, subrayó.

En cuanto al trasfondo de la decisión, Zárate fue directa: “No nos cabe duda de que esta es una acción política del gobernador Quintela”, afirmó, y cuestionó también el rol de funcionarios e intendentes que impulsaron la medida. En ese sentido, rechazó expresiones que minimizaron el reclamo: “Hablan de un ‘grupito’, pero están hablando de familias enteras que viven de esto”.

La prestadora también advirtió sobre la incertidumbre laboral inmediata. Con el cambio de logística, muchos trabajadores podrían quedar fuera del sistema o verse obligados a trasladarse grandes distancias para sostener su empleo. “De acá hasta el ingreso por Iglesia son más de 300 kilómetros. Es muy difícil para la gente”, explicó.

Frente a este panorama, los proveedores avanzaron con un manifiesto conjunto que será presentado formalmente ante autoridades provinciales y la Fiscalía. “Esperamos que en 72 horas el Estado nos dé una explicación clara de por qué tomó esta medida”, indicó, y anticipó que evalúan avanzar por vías legales si no hay respuestas.

Finalmente, Zárate alertó sobre las consecuencias a largo plazo, tanto para la comunidad como para la imagen del país ante inversores. “Esto genera un daño a nivel nacional e internacional. Los inversores miran estas cosas”, advirtió, y cerró con una definición contundente: “La única forma de que nuestra comunidad salga adelante es desarrollando sus recursos. Hoy nos están quitando esa posibilidad”.