Fiscalía de Estado analiza intervenir en la denuncia por el Acueducto Gran Tulum: “Si hay sospechas, debemos constituirnos como querellantes”
En medio de la creciente controversia por la administración de los fondos destinados al Acueducto Gran Tulum durante la gestión de Sergio Uñac, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que el organismo está dispuesto a intervenir como querellante si el Ministerio Público Fiscal determina que existen elementos suficientes para avanzar en una investigación penal.
El planteo surge luego del pedido del diputado opositor Juan Carlos Arancibia, quien solicitó la intervención de Fiscalía de Estado considerando que se trata de dinero público, ya que el préstamo que financió la obra comenzó a ser pagado por la Provincia.
“Si hay sospechas fundadas, debemos intervenir”
Durante la entrevista, Dávila explicó que, si el Ministerio Público Fiscal encuentra indicios razonables de un posible delito contra el patrimonio estatal, Fiscalía de Estado tiene la obligación de presentarse en el expediente penal:
“Si se verifican o corroboran las aseveraciones que se han hecho —no hace falta que esté todo totalmente demostrado—, habiendo sospecha de la comisión de posibles delitos con el patrimonio estatal, debemos constituirnos como parte querellante”.
Qué puede aportar Fiscalía de Estado
El fiscal de Estado detalló que su rol no es investigar por cuenta propia, sino complementar la tarea del fiscal del Ministerio Público, quien conduce formalmente la investigación.
Entre las herramientas que puede sumar una querella, mencionó:
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Presentación de medios de prueba adicionales.
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Pedidos de informes específicos.
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Requerimiento de documentación que el fiscal del caso no haya solicitado.
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Aportes técnicos o administrativos que surjan desde la estructura del Estado.
“La querella es un complemento. Son otros ojos sobre el proceso. El objetivo es común: llegar a la verdad y determinar si hubo delito y si el patrimonio provincial estuvo en juego”.
Aclaración sobre las competencias de Fiscalía de Estado
Dávila fue enfático al señalar que su organismo no tiene facultades para iniciar una investigación penal por sí mismo:
“Fiscalía de Estado no investiga. El que investiga es el fiscal del Ministerio Público. Nosotros podemos intervenir solo como defensores de los intereses del Estado”.
También aclaró que hasta el momento no recibieron ningún pedido formal desde la administración pública ni acceso a documentación relacionada con las contrataciones vinculadas a la obra del acueducto.
La causa también se analiza en la Legislatura
La entrevista también abordó la investigación paralela que se desarrolla en el ámbito legislativo, donde hace cinco meses se esperan informes clave de Obras Públicas y OSSE. El fiscal de Estado indicó que esa instancia no condiciona la labor penal:
“El fiscal del Ministerio Público puede solicitar información en poder de la Legislatura o de cualquier organismo público o privado. Tiene amplias potestades para hacerlo”.
“No hay antecedentes recientes de causas penales por corrupción”
Consultado sobre investigaciones anteriores, Dávila reconoció que no existen en Fiscalía de Estado antecedentes de participación en causas penales por corrupción en los últimos años.
En caso de que esta denuncia avance, podría convertirse en la primera intervención del organismo en un expediente penal de esta naturaleza.
Qué documentos podría aportar la querella
Sobre informes específicos —como el que prepara OSSE o la documentación de Obras Públicas—, Dávila explicó que sí podrían incorporarse al expediente, siempre que el fiscal del caso o la querella consideren que son relevantes para determinar si hubo perjuicio patrimonial.
