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La Justicia respaldó a Diego Manuel Sanz y rechazó el planteo de la fiscal Claudia Salica

La Justicia respaldó a Diego Manuel Sanz y rechazó el planteo de la fiscal Claudia Salica
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La disputa judicial que en las últimas semanas enfrentó al juez de Garantías Diego Manuel Sanz con la fiscal de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, sumó un nuevo capítulo. El juez de Impugnación Maximiliano Blejman resolvió rechazar el planteo presentado por la representante del Ministerio Público Fiscal y confirmó la decisión adoptada por Sanz en una audiencia vinculada a la causa de la banda conocida como los «robarruedas».

Con esta resolución, Blejman avaló el criterio del magistrado de Garantías, quien había rechazado homologar un acuerdo de reparación integral por considerar indispensable que las víctimas manifestaran de manera personal y expresa su conformidad ante el tribunal. Para Sanz, ese consentimiento no puede limitarse a la comunicación realizada por la Fiscalía, sino que debe ser ratificado directamente por los damnificados, ya sea de forma presencial o mediante una conexión virtual.

La fiscal Claudia Salica sostenía una postura diferente. Argumentó que la conformidad de las víctimas ya había sido obtenida durante la investigación y que la legislación vigente no exige una nueva manifestación frente al juez. Con ese fundamento recurrió la decisión, aunque el planteo fue finalmente desestimado por el juez de Impugnación, que dejó firme la actuación de Sanz.

El conflicto surgió durante una audiencia relacionada con uno de los imputados de la investigación por los robos sistemáticos de ruedas y autopartes en distintos puntos de San Juan. La discusión generó una fuerte repercusión dentro del ámbito judicial e incluso motivó pronunciamientos públicos del Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS), en respaldo de la fiscal Salica, y del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, que apoyó la postura del juez Diego Manuel Sanz.

Pese al revés judicial, la fiscal todavía conserva alternativas procesales. Entre ellas, puede recurrir ante la Corte de Justicia de San Juan para que el máximo tribunal provincial defina el alcance de la participación de las víctimas en este tipo de acuerdos o convocar una nueva audiencia en la que los damnificados expresen formalmente su consentimiento, tal como exige el criterio ratificado por el juez de Impugnación.

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