La Pampa fue a la Justicia para frenar la nueva ley de glaciares
El gobierno de La Pampa decidió judicializar la reciente reforma de la Ley de Glaciares al presentar un amparo colectivo ante el juzgado federal de Santa Rosa. La acción fue acompañada por la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, con el objetivo de suspender la aplicación de la norma hasta tanto se defina su constitucionalidad.
Durante el anuncio, el gobernador Sergio Ziliotto advirtió sobre la vulnerabilidad hídrica de la provincia. “No tenemos glaciares, pero sí dependemos de un río que nace en ellos”, planteó, en referencia al río Atuel, el único curso de agua activo en territorio pampeano. Según explicó, los otros dos ríos de origen cordillerano ya dejaron de fluir, y la nueva legislación podría agravar la situación al reducir aún más el caudal disponible.
El planteo judicial fue patrocinado por la fiscal de Estado, Romina Schmidt, junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos sostuvieron que el amparo busca prevenir daños irreversibles en el sistema hídrico mientras se analiza la validez de la ley.
El eje del conflicto: el agua
La cuestión del agua vuelve a ubicarse en el centro de la disputa. La provincia arrastra más de 50 años de litigios con Mendoza por el uso del río Atuel, con fallos que ordenan garantizar un caudal mínimo hacia territorio pampeano, aún en discusión.
Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que cualquier intervención en los cursos de agua aguas arriba impacta directamente en las comunidades aguas abajo. En ese marco, insistieron en que los ríos son vitales no solo para el consumo humano, sino también para el desarrollo productivo, especialmente en zonas rurales.
Las organizaciones que acompañaron la presentación advirtieron que la reforma podría profundizar un escenario ya crítico. Subrayaron que La Pampa depende de decisiones que se toman fuera de su jurisdicción, lo que —según indicaron— justifica la necesidad de una intervención judicial urgente.
Ahora, la definición quedó en manos del juzgado federal de Santa Rosa, que deberá resolver si corresponde suspender la aplicación de la norma mientras se avanza en el análisis de fondo. Desde el gobierno pampeano manifestaron su expectativa de que la Justicia contemple la situación de fragilidad hídrica que atraviesa la provincia.
