Liberaron a un hombre acusado de intentar robar, provocar destrozos y amenazar de muerte a un comerciante
Un episodio de violencia ocurrido en un autoservicio de Capital terminó con una decisión judicial que generó cuestionamientos policiales. El protagonista fue Alfredo Emanuel Vargas, de 40 años, quien fue sorprendido presuntamente mientras intentaba sustraer mercadería, protagonizó un forcejeo con el propietario del negocio y lo amenazó de muerte. Pese a lo sucedido, el ayudante fiscal Alejandro Solera dispuso aplicar el criterio de oportunidad y que el caso fuera encuadrado como una contravención.
El hecho ocurrió este lunes, después de las 20.20, en el Autoservicio Fuentes, ubicado en avenida Alem 1099 Sur. Según la reconstrucción del procedimiento, el comerciante, de 56 años, descubrió al sospechoso en el sector de perfumería mientras ocultaba productos entre sus prendas. Cuando le reclamó la devolución de la mercadería, el hombre habría reaccionado violentamente, se abalanzó sobre él y protagonizó un forcejeo que terminó con una estantería destruida y varios productos rotos. La situación también incluyó amenazas de muerte contra el propietario.
Tras la intervención del Cuerpo Especial de Vigilancia, los efectivos se comunicaron con la Unidad Fiscal de Flagrancia. Allí, el ayudante fiscal Alejandro Solera habría dispuesto no avanzar con la detención por la vía penal y aplicar el criterio de oportunidad, dejando el episodio bajo la figura de disturbios y desorden público, contemplada en el Código de Faltas. La decisión generó desacuerdo entre los policías que participaron del procedimiento.
La controversia sumó otro capítulo cerca de las 22.14, cuando Solera se habría comunicado con la guardia policial para solicitar la identificación del efectivo que cuestionó su directiva. La medida recordó otro episodio reciente en Capital, en el que se aplicó el mismo criterio tras un intento de hurto de mercadería en un supermercado. El caso vuelve a poner en discusión los alcances del criterio de oportunidad y las decisiones fiscales frente a hechos que involucran violencia, daños y amenazas contra comerciantes.
