Megacausa de expropiaciones: La provincia busca recuperar US$270 millones

Sebastián Dávila confirmó que ya se pagaron 15 millones de dólares y que hay otros 270 millones en juego. “Un fallo adverso pondría en jaque las finanzas provinciales”, advirtió.

Este viernes es un día clave para la Provincia de San Juan. Después de 15 años de investigación judicial, la Justicia podría dictar sentencia en la llamada megacausa de expropiaciones, una trama de corrupción en la que funcionarios y particulares habrían cobrado sumas millonarias de manera irregular por terrenos expropiados.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que ya se han percibido alrededor de 15 millones de dólares por parte de los imputados y advirtió que hay reclamos civiles activos por otros 270 millones de dólares que podrían ejecutarse si no hay una resolución favorable para la Provincia.

“Sería un golpe gravísimo. Si la sentencia no es condenatoria, las arcas de la provincia quedarían seriamente comprometidas”, afirmó en diálogo con este medio.

Dávila destacó el trabajo encabezado por el abogado Rubén Pontoriero, quien lidera la querella en representación del Estado, y sostuvo que existe expectativa de que la Justicia actúe con firmeza: “Espero que se haga justicia. Prefiero una sentencia que llegue tarde, pero con garantías, antes que ninguna”.

¿Y si hay condena? Buscarán recuperar lo robado

En caso de una sentencia condenatoria, la Fiscalía de Estado anticipa que se impulsará el decomiso de bienes y la devolución del dinero. “Si hay condenas firmes, vamos a intentar recuperar todo lo que fue producto de un delito”, aseguró Dávila.

De todas maneras, aclaró que para avanzar con cualquier apelación o estrategia judicial será clave conocer los fundamentos del fallo: “Las partes debemos esperar esa base para definir si corresponde una revisión. Pero no tenemos dudas: si la sentencia no es favorable, se activan cobros que podrían dejar a la provincia en una situación crítica”.

La causa, en números

• 15 años de trámite judicial.

• 15 a 16 causas civiles involucradas.

• 15 millones de dólares ya cobrados por los acusados.

• 270 millones de dólares más en reclamos en proceso de ejecución.

“Estamos hablando de una causa que tiene implicancias enormes. No es solo un juicio penal, sino un posible daño financiero estructural para la provincia”, cerró Dávila.