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Orrego respaldó la reforma de Glaciares y habló de “más federalismo y control con base científica”

Orrego respaldó la reforma de Glaciares y habló de “más federalismo y control con base científica”
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Tras la aprobación en el Senado de la modificación a la Ley de Glaciares, el gobernador Marcelo Orrego salió a respaldar públicamente la iniciativa y la definió como un avance institucional que fortalece la autonomía provincial sin resignar estándares ambientales.

El mandatario sostuvo que la reforma reconoce facultades constitucionales de la provincia sobre sus recursos naturales y permite consolidar un esquema de evaluación ambiental sustentado en criterios técnicos y conocimiento específico del territorio cordillerano.

Federalismo y minería responsable

Orrego planteó que la discusión no debe reducirse a una confrontación entre ambiente y producción, sino a la necesidad de compatibilizar desarrollo con controles rigurosos. En ese marco, reiteró que la provincia defiende un modelo de minería responsable, con generación de empleo y participación activa en la transición energética.

“Somos una provincia de montaña. Vivimos del agua y la cuidamos todos los días”, expresó el gobernador al referirse al punto más sensible del debate: la protección de los recursos hídricos en zonas de influencia glaciaria y periglaciar.

La modificación aprobada mantiene la protección automática de glaciares, pero introduce cambios en el tratamiento de determinadas geoformas, como los glaciares de escombro, que podrían quedar fuera del inventario nacional si se demuestra que no poseen relevancia hídrica. Ese aspecto fue uno de los ejes centrales de la discusión parlamentaria.

Un debate que sigue abierto

La reforma generó posiciones encontradas a nivel nacional. Mientras sectores productivos y varios gobiernos provinciales sostienen que otorga previsibilidad jurídica y respeta competencias locales, espacios ambientalistas advierten sobre posibles retrocesos en materia de protección.

En ese escenario, la postura del Ejecutivo provincial vuelve a marcar una línea clara: avanzar en el desarrollo minero bajo estándares técnicos estrictos, con organismos especializados y control ambiental permanente, pero con mayor margen de decisión local.

El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde se espera que el debate vuelva a intensificarse.

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