La Comisión de Justicia y Paz advirtió que no debe retroceder la protección de los glaciares
En medio del debate por eventuales modificaciones a la Ley de Glaciares en el Congreso, desde distintos sectores de la provincia surgió una postura firme en defensa de estos ecosistemas estratégicos, considerados claves para la seguridad hídrica y el futuro ambiental del país.
La preocupación gira en torno a la posibilidad de que se flexibilicen estándares de protección que hoy funcionan como resguardo mínimo frente a actividades que podrían comprometer reservas fundamentales de agua dulce.
“Catedrales de agua” y reservas estratégicas
Los glaciares son definidos como verdaderas reservas naturales que regulan el ciclo hídrico y garantizan el abastecimiento de agua, especialmente en contextos de sequía prolongada. No se trata únicamente del hielo visible en alta montaña: también forman parte de este sistema el permafrost y los glaciares de roca, cuya función es decisiva para sostener el caudal de los ríos cuando las precipitaciones escasean.
El eje central del planteo es claro: el acceso al agua potable constituye un derecho humano básico y cualquier intervención que ponga en riesgo esas reservas debe analizarse con extrema prudencia.
Además, se advierte que el impacto de un eventual deterioro ambiental recaería primero sobre las comunidades más vulnerables y sobre las poblaciones que dependen directamente de estos sistemas para consumo, producción y desarrollo regional.
Desarrollo, pero con límites
Uno de los puntos más destacados del posicionamiento es la necesidad de abandonar miradas cortoplacistas o exclusivamente económicas al momento de discutir el modelo de desarrollo.
Se plantea que no puede haber una separación entre crisis ambiental y crisis social, sino que ambas forman parte de un mismo problema estructural. En ese marco, cualquier reforma normativa debería respetar el principio precautorio: ante la falta de certeza científica sobre posibles daños irreversibles, debe prevalecer la protección del ambiente.
También se subraya que la legislación vigente establece un piso mínimo que no debería retroceder frente a intereses coyunturales o sectoriales.
Pensar en las próximas generaciones
El debate, sostienen, excede lo técnico y lo económico: interpela directamente a la dirigencia política y a la sociedad en su conjunto.
Se reclama un análisis profundo que escuche a la comunidad científica y a los actores sociales involucrados, y que priorice el bien común por encima de beneficios inmediatos. La discusión incluye, además, una dimensión ética: qué modelo de progreso se busca y qué recursos se está dispuesto a comprometer.
La pregunta que sobrevuela el planteo es directa: ¿qué mundo se quiere dejar a quienes vendrán?
En un contexto de crisis climática y escasez hídrica creciente, el cuidado de los glaciares vuelve a instalarse como un tema central en la agenda pública, no sólo ambiental, sino también social y estratégica para el futuro de la provincia y del país.
