“Puede derivar en un delito mayor”: El Acueducto bajo sospecha por posible riesgo sanitario
El fiscal Sebastián Gómez admitió que no tenían el informe sobre las cañerías cuestionadas. Ahora analizarán la documentación y no descartan un giro grave en la causa
La investigación por el Acueducto Gran Tulum sumó un elemento tan inesperado como preocupante: la Fiscalía reconoció que no tenía en su poder el informe técnico que advierte que las cañerías instaladas podrían no ser aptas para transportar agua potable.
La confirmación llegó de boca del fiscal de la UFI de Delitos Especiales, Sebastián Gómez, quien fue contundente: “Nosotros no hemos tomado conocimiento de esta noticia en los medios, igual que ustedes”.
La frase no solo expone un desfasaje en el acceso a la información dentro de la causa, sino que además deja al descubierto que un documento clave comenzó a circular públicamente antes de ser incorporado formalmente a la investigación judicial.
la fiscalía empieza a correr desde atrás
Según explicó Gómez, recién en las últimas horas comenzaron a recibir documentación vinculada al caso, enviada por el Gobierno provincial, la cual deberá ser analizada por el equipo de fiscales.
“Se está recepcionando cierta documentación que ha enviado el Gobierno, la cual tendrá que ser evaluada por el equipo”, indicó.
Hasta ahora, la causa avanzaba con informes que se vienen incorporando desde diciembre, en un proceso progresivo y técnico. Sin embargo, el informe que encendió la polémica no formaba parte del expediente.
“Vamos a verificar la existencia de esa documentación y si corrobora lo que se ha dicho”, agregó el fiscal.
una investigación compleja y de largo plazo
Lejos de un avance inmediato, desde la Fiscalía anticipan que el proceso será extenso y profundamente técnico.
“Es una causa que va a llevar mucho tiempo porque es eminentemente técnica”, explicó Gómez.
La investigación no se limita únicamente a las cañerías cuestionadas, sino que abarca todo el proceso: desde la licitación de la obra hasta su ejecución, incluyendo decisiones administrativas, controles y certificaciones.
el informe no alcanza: la clave serán las pericias
Uno de los puntos centrales que dejó en claro el fiscal es que el informe conocido públicamente no tiene, por sí solo, valor probatorio suficiente.
“Con un solo informe no me basta para acreditar en juicio que un caño sirva o no sirva, que sea tóxico o no”, sostuvo.
En ese sentido, explicó que será imprescindible avanzar con pericias técnicas independientes que permitan validar o descartar lo que se afirma en ese documento.
“Para dar veracidad, tenemos que hacerlo a través de una pericia”, remarcó.
sin imputados ni medidas urgentes
Pese a la gravedad de lo que se denuncia, la Fiscalía descartó por ahora medidas como allanamientos o secuestros de dispositivos.
“No puedo salir con una orden de allanamiento a secuestrar absolutamente nada si no sé qué personas cometieron algo de lo que todavía no sé si hay un ilícito”, explicó Gómez.
Y añadió: “Primero tengo que verificar la existencia de un hecho ilícito y posteriormente determinar quiénes son los partícipes”.
la causa podría dar un giro mucho más grave
El dato más sensible del caso es la posibilidad de que las cañerías señaladas hayan sido fabricadas para cloacas y desagües, lo que, de confirmarse, podría configurar un delito mucho más severo.
Consultado sobre ese escenario, el fiscal no lo descartó: “Puede derivar en eso”, dijo en referencia a una posible afectación a la salud pública.
Sin embargo, evitó adelantar conclusiones: “No puedo adelantar opinión de algo que desconozco”.
una investigación que recién entra en su etapa decisiva
Con la nueva documentación en análisis y la posibilidad de ordenar pericias técnicas, la causa entra ahora en una fase clave.
Mientras tanto, el expediente avanza sin atajos, en un contexto donde lo que está en juego ya no es solo una obra millonaria, sino la eventual responsabilidad sobre decisiones que podrían haber puesto en riesgo a toda la población.
Si las sospechas se confirman, el caso del Acueducto Gran Tulum podría dejar de ser una investigación por irregularidades administrativas para transformarse en uno de los escándalos judiciales más graves de los últimos años.
