Qué ocurre en los países que detienen desde los 12 y 14 años
Argentina viene reduciendo hace una década su número de crímenes y la cantidad de jóvenes detenidos.
Mariano Fuchila
Estos índices, sin embargo, no terminan de explicar la incidencia que tiene el delito juvenil en sus países pero permiten presumir que la edad de punibilidad no termina de garantizar una reducción de los crímenes. Otro país citado en el debate es Cuba, que comparte con la Argentina la edad de punibilidad en 16 años. Aunque no tienen registros internacionales que puedan confirmar su autenticidad ni tampoco presentan una serie histórica abierta, sus últimos registros divulgados no son positivos: Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) presentó un aumento acelerado de los homicidios (115,11%) y robos (74,55%) entre el 2024 y el 2025.
Qué dicen las estadísticas del delito juvenil en la Argentina
Uno de los estudios más prestigiosos y sostenidos sobre delito de menores de edad en nuestro país es el Relevamiento de Dispositivos y Población Penal Juvenil de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Su último informe relevó los centros de detención en el año 2023 y determinó que “el total de adolescentes con algún tipo de medida asciende a 4.299”, una caída del 40,03% con respecto a los 7169 jóvenes involucrados en el 2015. De esos 4.299, 20,7% se encuentran con “medidas privativas de la libertad”, ya sea en unidades o de manera domiciliaria, lo que implica acentuar la atención en un aspecto que quedó fuera del debate legislativo: qué calidad de políticas se proponen para el restante 79,3%.
Del total de detenidos, 0,8% adolescentes tienen menos de 16 años. Su principal crimen es el robo sin agravantes e intervinieron en 8 de las 490 carátulas de homicidio, incluidos los culposos y las tentativas, de todos los menores de edad. Contemplando a los jóvenes de 16 años o más, los delitos contra la propiedad representan la principal incidencia, alcanzando el 54,8%.
Si se observa con parámetro federal, 13 provincias tienen menos de 15 personas detenidas en centros juveniles. La provincia de Buenos Aires concentra el 51,4% de los casos (2.119), seguido por Córdoba (622 y 15,1%) y Mendoza (505 y 12,3%). Es pertinente el dato bonaerense, porque el Ministerio Público provincial determinó que la participación juvenil en el delito de ese distrito constituye el 2,25% del total de las causas.
Aparecen cifras más alarmantes incorporando Sistematización de la información de la Base de Datos de niños, niñas y adolescentes institucionalizados de la Corte Suprema de Justicia, que empezó a abordar estadísticas desde el 2013, año en el que se penalizó a 492 menores de edad (el 32% de ellos con menos de 16 años). Ese número saltó a 945 de jóvenes a los que se le inició una causa penal (que no equivale a ser institucionalizado) en tan solo el primer semestre de 2025, un 4,2% más que el mismo período del 2024. El 57,1% no había tenido otras causas con anterioridad.
Si se toma de la Corte Suprema las estadísticas anuales de 2024 de adolescentes con ingreso en la justicia provincial de menores por causas penales, la cifra asciende a 1788 personas, de las cuales 44,2% tienen menos de 16 años. El mismo estudio propone otra urgencia: no existe registro de «medidas no privativas de la libertad por causas penales». La definición judicial durante todo ese año fue el encierro o la liberación. Aún sin que inicie el debate legislativo, que se anticipa breve, sobre el Congreso recae el desafío de poder superar esa dicotomía.
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