Reescriben la causa: Londres responsabiliza a BHP y reaviva el debate minero en San Juan
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Londres volvió a colocar a BHP en el centro de un escenario judicial y político global. La compañía anglo-australiana —que desde el año pasado participa activamente en proyectos estratégicos en San Juan— fue declarada culpable por el colapso de la represa de Samarco ocurrido en Brasil en 2015, un desastre ambiental considerado el más grave en la historia del país vecino.
La resolución emitida por la jueza Finola O’Farrell no solo responsabiliza a BHP pese a no haber sido propietaria directa de la presa, sino que sienta un precedente jurídico que podría influir en otros países donde la minera opera o busca expandirse.
Un caso que reabre heridas en Brasil y cuestiona prácticas corporativas
La represa Fundão, operada por Samarco —una empresa controlada en partes iguales por BHP y Vale—, cedió el 5 de noviembre de 2015 en Minas Gerais. La ruptura liberó una avalancha de residuos mineros que arrasó el distrito de Bento Rodrigues, dejó 19 víctimas fatales, borró comunidades enteras y contaminó la cuenca del río Doce hasta su desembocadura en el Atlántico.
El fallo británico recordó que la contaminación por metales pesados como arsénico, plomo, manganeso y zinc afectó a alrededor de 600.000 personas, mientras que las indemnizaciones reclamadas podrían alcanzar los 36.000 millones de libras (47.000 millones de dólares). Esta primera sentencia solo define la responsabilidad legal; la discusión económica recién comienza.
El cacique Leomir Cecílio de Souza, de la tribu Atora, sintetizó el sentir de varias comunidades: “Queda claro que para los capitalistas la ganancia está por encima de la vida humana y de la naturaleza”.
San Juan: antecedentes que obligan a revisar el mapa minero
Aunque el fallo se emitió a miles de kilómetros, los ecos llegaron rápidamente a la Argentina. La presencia de BHP en San Juan vuelve inevitable el debate sobre la solidez de los marcos regulatorios locales y la supervisión estatal en proyectos de alta complejidad ambiental.
En una provincia donde la minería ocupa un lugar central en la economía, la sentencia activa una discusión profunda: ¿deben ponderarse con mayor peso los antecedentes de las compañías antes de autorizar exploraciones o construcciones en zonas sensibles?
BHP y Lundin, el matrimonio minero detrás del proyecto Vicuña
El año pasado BHP selló una alianza con Lundin Mining para desarrollar de forma conjunta el denominado Proyecto Vicuña, que integra dos grandes yacimientos ubicados en la cordillera norte sanjuanina: Filo del Sol y Josemaría.
Filo del Sol
Con una vida útil estimada en 14 años, el proyecto apunta a la extracción de cobre, oro y plata en un área binacional entre Argentina y Chile. Ubicado a 140 kilómetros de Copiapó y en el extremo norte del departamento Iglesia, forma parte de una operación cuya adquisición conjunta fue valuada en unos 4.100 millones de dólares canadienses (más de 2.960 millones de dólares estadounidenses), según comunicó Lundin.
Josemaría
A solo diez kilómetros al norte, y emplazado completamente en territorio sanjuanino, Josemaría prevé una explotación de 19 años. Actualmente se encuentra en fase de construcción, luego de haber obtenido la aprobación del Informe de Impacto Ambiental pese a observaciones realizadas por el INPRES y el INA-CRAS.
Jack Lundin, presidente y CEO de Lundin Mining, definió el objetivo final de la asociación: “Estamos en posición de crear un distrito minero multigeneracional, con sinergias y ahorros de costos a una escala que podría convertirse en una de las mayores del mundo”.
Un fallo que marca el pulso de lo que viene
La condena a BHP en Londres no cierra un capítulo: abre uno nuevo. Para Brasil, implica el reconocimiento formal de responsabilidades largamente reclamadas. Para el Reino Unido, significa un precedente judicial clave. Y para provincias como San Juan, donde la empresa avanza en proyectos de gran escala, se convierte en una advertencia sobre la necesidad de revisar protocolos, controles y la forma en la que se evalúan los antecedentes ambientales.
El caso Samarco, una década después, vuelve a interpelar a gobiernos y empresas: ¿cómo se construyen modelos extractivos sostenibles y, sobre todo, confiables?
