Sueldos que estallan: Los casi $11 millones mensuales en el Tribunal de Cuentas
Una planilla oficial del Gobierno de San Juan dejó al descubierto números que sacuden la idea de austeridad estatal: los cinco miembros del Tribunal de Cuentas cobran entre $6,5 y casi $11 millones netos por mes, en un organismo que, paradójicamente, debe controlar cómo se usa el dinero público.
El documento —correspondiente a octubre de 2025— muestra que la cúpula del Tribunal percibe sueldos millonarios. El presidente, Pablo García Nieto, recibió $9,7 millones netos, mientras que el vicepresidente, Elio Frack, figura como el que menos gana: $6,5 millones.
El listado sigue con Juan Flores, que cobró $9,97 millones, y dos vocales transitorios: Enrique Conti, que encabeza con $10,8 millones, y Daniel Pérez Celedón, con $10,5 millones.
El costo total del organismo también sorprende: entre salarios brutos y aportes, el Tribunal supera los $59 millones por mes, de los cuales $47,6 millones terminan en mano de los funcionarios. La diferencia —unos $11,7 millones— corresponde a descuentos obligatorios.
Una estructura pesada… y política
La dimensión de los haberes no es el único punto que genera ruido. La estructura del Tribunal está integrada por tres miembros permanentes nombrados durante los últimos días del uñaquismo —García Nieto, Frack y Flores—, a los que se sumaron los vocales bloquistas Conti y Pérez Celedón, con mandatos de cuatro años.
Debajo de ellos opera un equipo técnico clave: 15 fiscales, que también manejan cifras abultadas —más de $3 millones mensuales, con adicionales incluidos— y que arrastran vínculos políticos y familiares con dirigentes actuales y anteriores. Entre los nombres figuran exfuncionarios de gobiernos uñaquistas y giojistas, referentes bloquistas y hasta familiares directos del propio presidente del Tribunal.
Luego del trabajo de los fiscales, las cuentas pasan a los auditores, que disponen de hasta 120 días para controlar cada expediente antes de devolverlo al circuito, donde la Secretaría Letrada determina la validez jurídica de los balances. Finalmente, la decisión queda en manos de la “plana mayor”.
Un detalle que no pasa desapercibido entre trabajadores estatales: el Tribunal de Cuentas también se audita a sí mismo, un mecanismo que alimenta críticas en un contexto de reclamos salariales generalizados y discursos oficiales de restricción.
Fuente: La Mecha (12/11/2025)
