Cambios internos en el Ministerio Público Fiscal tras nuevas decisiones
El Ministerio Público Fiscal de San Juan comenzó a transitar una nueva etapa organizativa con una serie de decisiones adoptadas por el fiscal general Guillermo Baigorrí, que implicaron el traslado de fiscales entre unidades estratégicas y la eliminación de una estructura creada en la gestión anterior.
Uno de los cambios más relevantes fue el regreso del fiscal Francisco Pizarro a la UFI Delitos Especiales, ámbito donde inició su carrera dentro del MPF y en el que luego fue confirmado como fiscal titular por la Cámara de Diputados. Hasta ahora, Pizarro se desempeñaba en la UFI Genérica, pero a partir de la nueva disposición volvió a integrarse al equipo coordinado por Iván Grassi y Francisco Micheltorena.
En paralelo, el fiscal Adrián Riveros fue reasignado a la UFI Genérica, ocupando el lugar que dejó vacante Pizarro. Allí pasará a trabajar bajo la coordinación de Ignacio Achem y Daniela Pringles, en una unidad que aborda delitos de menor complejidad, como lesiones leves, amenazas, grescas y otros hechos de escala media.
El impacto de la disolución de la Unidad de Soluciones Alternativas
El traslado de Riveros se da en el marco de la disolución de la Unidad de Soluciones Alternativas (USA), una estructura creada durante la gestión del ex fiscal general Eduardo Quattropani y eliminada por Baigorrí a poco más de un mes de asumir en el cargo.
Según se detalla en la resolución N.º 5442, la decisión respondió a una evaluación del funcionamiento de la USA, que arrojó resultados poco satisfactorios. Entre los argumentos se mencionan la fragmentación de los procesos, el desgaste administrativo y la pérdida de eficiencia al tramitar legajos por fuera de las UFIs de origen.
Riveros, con trayectoria desde los inicios del sistema de Flagrancia y con paso previo por la coordinación de Delitos Especiales, había quedado al frente de la USA antes de su disolución.
Cambios operativos desde 2026
A partir de febrero de 2026, las soluciones alternativas volverán a ser gestionadas directamente por cada unidad fiscal, una medida que apunta a optimizar recursos y acelerar los tiempos procesales.
En ese contexto, el personal que integraba la USA fue redistribuido en áreas consideradas prioritarias. Las fiscales ayudantes Silvia Martín y Verónica Mattar fueron asignadas a CAVIG y a Delitos Informáticos y Estafas, respectivamente, mientras que el resto del personal administrativo será reubicado en distintas UFIs.
Una reconfiguración con impacto institucional
Las recientes decisiones se inscriben en una revisión más amplia del esquema heredado por Baigorrí, que también incluyó la derogación de directrices internas que habían generado fricciones con la Corte de Justicia, particularmente en relación con el manejo de pruebas periciales y el rol del Complejo Científico Forense.
Con estos movimientos, el MPF avanza hacia una estructura más concentrada en las unidades operativas y con mayor articulación con el resto del Poder Judicial, marcando un cambio de rumbo en la conducción del organismo.
