Cuáles son los cambios al proyecto del Gobierno
La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El texto mantiene las pensiones y suma garantías de salud, financiamiento y protección laboral.
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que garantiza la continuidad de las pensiones por discapacidad e introduce modificaciones centrales a la propuesta original del Gobierno. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, bloques aliados y sectores de la oposición. Ahora, el texto deberá ser tratado por el Senado.
El proyecto mantiene las pensiones no contributivas, la compatibilidad con el empleo formal y el acceso a prestaciones de salud, además de establecer partidas específicas para financiar el sistema y mecanismos para evitar bajas arbitrarias de beneficiarios. Los cambios se incorporaron después de semanas de negociaciones y dejaron de lado los recortes que el Poder Ejecutivo había incluido en el Presupuesto 2027 para el área de discapacidad.
Discapacidad: cuáles son los cambios al proyecto del Gobierno
El texto consensuado incorpora modificaciones centrales a la propuesta original de La Libertad Avanza y mantiene buena parte del sistema vigente. Los principales cambios son:
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Continuidad de las pensiones: se mantiene la pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización vinculada a ese haber.
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Acceso mediante el CUD: se conserva el Certificado Único de Discapacidad como vía de acceso al beneficio.
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Compatibilidad con el empleo formal: los beneficiarios podrán trabajar y conservar la pensión si sus ingresos no superan dos salarios mínimos, vitales y móviles.
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Cobertura de salud: se garantiza el acceso a un programa médico con las prestaciones básicas previstas en la ley 24.901.
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Financiamiento específico: se establecen partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y compensaciones del Tesoro si los recursos resultan insuficientes.
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Pago de deudas a prestadores: el Gobierno deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y completar los pagos pendientes en un plazo de hasta 90 días.
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Requisitos de acceso más claros: se establecen criterios precisos para reducir la discrecionalidad en el otorgamiento de las pensiones.
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Auditorías periódicas: se prevén controles mediante el cruce de datos con Anses, Arca, Renaper y el SINTyS.
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Garantías ante suspensiones: se incorporan mecanismos de notificación, derecho a defensa y rehabilitación provisoria cuando corresponda.
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Protección del empleo: se blinda el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y se conservan beneficios impositivos para empleadores que las contraten por tiempo indeterminado.
Noticia en desarrollo.-
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