Juicio político y demanda por daños: La defensa del Cortista Marcelo Lima apuntó contra el ex candidato Sergio Vallejos por un uso “imprudente” de una garantía constitucional
El abogado Marcelo Miranda, representante legal del Cortista Marcelo Lima, brindó precisiones sobre el estado actual de las actuaciones judiciales derivadas del pedido de juicio político impulsado por el ex candidato Sergio Vallejos y de las acciones civiles posteriores, entre ellas una demanda y contrademanda con una estimación económica que asciende a 60 millones de pesos.
En declaraciones a lanotasj.com.ar, el letrado explicó que el escenario judicial comprende dos procesos vinculados, iniciados a partir de denuncias formuladas a fines del año pasado y tramitadas ante los organismos correspondientes. Ambas causas, según indicó, se encuentran aún en una fase preliminar, con presentaciones realizadas y a la espera del avance propio de los tiempos judiciales.
Miranda puso especial énfasis en aclarar que el monto económico que trascendió públicamente no constituye una suma definitiva ni automática, sino que responde a una exigencia formal prevista por la normativa procesal vigente. “En las acciones por daños y perjuicios, el Código obliga a realizar una estimación inicial del reclamo. Ese valor es provisorio y queda sujeto a la valoración del juez, quien lo determinará en función de las pruebas que se produzcan”, explicó.
En relación con los cuestionamientos públicos formulados por Vallejos, quien advirtió sobre una supuesta peligrosidad institucional de este tipo de demandas, el abogado sostuvo que el núcleo del planteo judicial no es el ejercicio del derecho a denunciar, sino la forma en que dicho derecho fue utilizado. “Las garantías constitucionales existen y deben ser protegidas, pero también deben ejercerse con prudencia, razonabilidad y responsabilidad. Cuando eso no ocurre, el orden jurídico prevé mecanismos de revisión”, afirmó.
Desde la defensa de Lima remarcaron que no existe riesgo alguno para el sistema democrático ni para la libertad de expresión, siempre que las denuncias se formulen con sustento fáctico y jurídico. “El debate no pasa por si una acción es peligrosa o no, sino por la solidez de los argumentos que la respaldan. Cuando esos argumentos no existen o se construyen de manera irresponsable, el daño se produce”, agregó Miranda.
Sobre los plazos, el letrado fue cauto y señaló que no es posible anticipar fechas concretas para eventuales resoluciones, dado que el avance del expediente dependerá de la producción probatoria y de las instancias procesales que aún restan cumplirse. En ese sentido, aclaró que por el momento no hay definiciones de fondo.
Finalmente, al ser consultado sobre si el accionar de Vallejos puede interpretarse en clave política o electoral, Miranda evitó pronunciarse en esos términos. Indicó que su análisis se limita al plano jurídico y a los hechos objetivos del caso, aunque sostuvo que, a su criterio, no se respetaron estándares mínimos de seriedad y responsabilidad al momento de promover el pedido de juicio político, lo que derivó en un perjuicio para la imagen y el buen nombre de su defendido.
La causa continúa su trámite en el ámbito judicial, donde se espera que el desarrollo del proceso permita determinar con claridad la validez de las denuncias y el alcance real de los daños alegados.
