Zonda: Tras denunciar “ñoquis”, un delegado sindical fue agredido y la Justicia fijó una multa de $600 mil que no percibirá la víctima
El delegado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) en Zonda, Ángel Varela, quedó en el centro de un nuevo episodio judicial luego de haber denunciado presuntas irregularidades laborales en el municipio. Según consta en un oficio del Juzgado de Paz de Zonda, la Justicia resolvió sancionar al agresor con una multa de $600.000, pero el dinero no será destinado al damnificado.
La resolución judicial
De acuerdo al documento oficial, en el marco de una causa contravencional, el ciudadano Marcos Lorenzo Ontiveros fue declarado responsable por infracción a los artículos 109 y 118 de la Ley 941-R. Como consecuencia, se le impuso una multa equivalente a 300 Jus, que actualmente representan $600.000.
Sin embargo, el destino de esos fondos generó fuerte malestar en la víctima: el monto no será percibido por Varela, sino que se divide en partes iguales entre la Dirección General de Rentas y la Policía de San Juan.
El reclamo del damnificado
El propio Ángel Varela expresó su indignación ante la resolución, remarcando que, pese a haber sido quien sufrió la agresión, no recibirá ningún tipo de resarcimiento económico.
“Ni un peso me llega a mí, que fui al que le pegaron”, sostuvo, cuestionando el esquema de sanción previsto en el Código de Faltas, que establece multas de carácter administrativo y no indemnizatorio.
Contexto del conflicto
El hecho se da en medio de un clima de tensión creciente en Zonda, luego de las denuncias públicas realizadas por el delegado del SEP sobre la existencia de empleados que no cumplirían funciones en el municipio, lo que derivó en fuertes cruces y, finalmente, en el episodio de violencia.
Multa contravencional vs. reparación
El caso vuelve a poner en debate una cuestión clave: las multas contravencionales no están diseñadas como reparación para la víctima, sino como sanción al infractor. Para obtener una compensación económica directa, el damnificado debería iniciar una acción civil independiente por daños y perjuicios.
Mientras tanto, el episodio suma un nuevo capítulo a la conflictividad política y sindical en el departamento, con derivaciones tanto judiciales como institucionales.
